No procede

Escrito por: Julio Cury (informacion@elnacional.com)

El artículo 44 de la Constitución prevé el derecho al honor y al buen nombre, y “toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlo...”. Por su parte, el artículo 49 reconoce la libertad que “toda persona tiene derecho a... investigar, recibir y difundir información de carácter público, por cualquier medio, canal o vía...”, prerrogativa ésta que según el mismo texto debe ejercerse “respetando el derecho al honor, intimidad, dignidad y moral” de los demás.

De modo, pues, que ante el uso de términos o expresiones ultrajantes, o la alegación de un hecho que atente contra su reputación, la víctima puede querellarse y constituirse en actor civil contra el autor del delito. Ahora bien, la intimación que mediante acto de alguacil le notificó el director del IAD a empresas patrocinadoras de “El Informe con Alicia Ortega”, carece de lógica jurídica, pues aún en el hipotético caso de que en dicho programa televisivo se haya difamado o injuriado al funcionario, los anunciantes no comprometen su responsabilidad civil.

Y es que siendo la subordinación indispensable para que se configure el vínculo de comitente-preposé previsto en el artículo 1384 del Código Civil, no puede retenerse ninguna falta contra un patrocinador comercial. Si el director del IAD considera que las noticias difundidas a través de “El Informe” acerca de su desempeño administrativo no son veraces u objetivas, puede querellarse contra sus productores, pero insisto, no contra los anunciantes.

Ojalá que el exceso de celo del funcionario no lo empuje a cometer ese error, pues todo ejercicio abusivo o temerario de una vía de Derecho permite abrir una acción reconvencional en danos y perjuicios contra quien la acciona. Alicia Ortega, periodista de indisputable honradez personal, ha realizado trabajos de investigación reveladores de peculado y malversación de fondos públicos, y hasta donde tengo entendido, ha respetado siempre la inocencia que presume a favor de todo imputado la Constitución y los tratados sobre Derechos Humanos de que el país es signatario.